La agresión sufrida por Maite el pasado jueves, a la que no conozco personalmente, me lleva a mostrar mi repulsa y rechazo por estos actos de violencia que deben ser perseguidos y castigados por la Justicia con todo el rigor posible, lo que nos debe llevar a todos a reflexionar sobre la erradicación de cualquier acto de violencia, sobre todo, si la víctima es mujer y padece una discapacidad.

Las mujeres y niñas con discapacidad son el subgrupo mayoritario dentro de las personas con discapacidad en España. Dos millones aproximadamente, el 60 por 100 de la población con discapacidad en España, son mujeres, frente al 40 por 100 que representan los varones. Aunque no son estrictamente mujeres con discapacidad, también se considera desde el feminismo de la discapacidad a las mujeres cuidadoras y asistentes, que apoyan a personas con discapacidad como las madres, las hermanas... cuyas vidas experimentan una más que estrecha relación con la realidad de la discapacidad.

No sólo numéricamente, sino cualitativamente, las mujeres y niñas con discapacidad están peor, en todos los índices quese tomen en cuenta, que los varones con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad. Sufren una mucho más intensa exclusión y los datos muestran que las mujeres con discapacidad tienen un mayor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral y/o con puestos de trabajo de menor responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento social, más baja autoestima, mayor dependencia económica respecto de la familia y/o personas responsables de apoyarlas, mayor dependencia socio afectiva y emocional, menor desarrollo personal y social, gran desconocimiento de la sexualidad, mayor desprotección sociosanitaria y baja autovaloración de la imagen corporal. Esto se traduce en la existencia de un alto índice de violencia en este grupo poblacional.

La discriminación sufrida por las personas con discapacidad es particularmente intensa cuando se trata de mujeres y niñas, ya que en ellas confluye la perspectiva de género y discapacidad ocasionando un efecto exponencial en su desigualdad en la sociedad. Esta suma de factores, a los que puede unirse otros como la edad, el origen étnico, el origen nacional o social, la religión o la orientación sexual es conocida como discriminación múltiple.

Las mujeres y niñas con discapacidad sufren un grado de exclusión mayor que los hombres y son objeto, muchas veces por su doble condición, de una violencia que es necesario erradicar y dotar de políticas de regulación y prestación de servicios específicos para mujeres y niñas con discapacidad.

Las cuestiones de género y las situaciones de discapacidad siguen siendo un ámbito de actuación aún poco desarrollado tanto por las políticas públicas como por el sector privado. Incluir desde la perspectiva de género significa operar con dos grandes parcelas sociales como es el género y la discapacidad de modo simultáneo, dando visibilidad a formas de desigualdad muy específicas que por norma general no son tenidas en cuenta por la inmensa mayoría de las iniciativas enfocadas en mejorar las situaciones de exclusión social.

Al incluir un enfoque de género se aborda explícitamente las causas fundamentales de la desigualdad de género, especialmente las desigualdades en las relaciones de poder de género, normas sociales y legislación discriminatorias. De este modo, no solo se mejora las condiciones diarias de mujeres y niñas con discapacidad, sino también, se avanza en su posición y valoración en la sociedad.

José Francisco Lozano Morales, abogado.