La polémica sobre educación diferenciada se ha reavivado estos días por la decisión de la Junta de Andalucía de retirar el concierto a los centros que no sean mixtos, se pone en tela de juicio un modelo pedagógico aceptado internacionalmente que busca según sus defensores potenciar al máximo las capacidades de cada sexo adaptándose a sus diferentes ritmos de aprendizaje y en su proceso madurativo. Las administraciones y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado en condiciones de igualdad. No existe ninguna norma nacional ni internacional que prohiba la enseñanza diferenciada. Se debe respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas.

La separación de sexos en las aulas no supone una segregación como quieren hacernos ver ciertas tendencias políticas; es compatible con la financiación pública mediante el sistema de concierto. La educación diferenciada no es discriminatoria. No se puede utilizar los conciertos para que el gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas. Eliminando los conciertos con estas escuelas lo único que se consigue es restringir libertades. A diferencia de lo que se pueda creer, las escuelas católicas tienen una representación muy pequeña de educación diferenciada con concierto de la Junta. ¿Dónde queda el derecho de los padres a elegir el tipo de colegio que quieren para sus hijos? ¿Por qué la Junta quiere imponernos unos modelos educativos beneficiosos para toda la sociedad? "Papá-Estado" cada vez se mete en cuestiones más personales coartando las libertades más esenciales del ser humano.

Mientras en algunas comunidades de nuestro país se debate la legalidad de mantener los conciertos a los colegios que diferencian por sexo, en Estados Unidos y varios países europeos trabajan para recuperar este modelo educativo y cada vez es más extendido el modelo en escuelas públicas de estos países.

En Andalucía existen un total de doce centros educativos diferenciados y representan a 3.000 familias andaluzas. Estos centros tienen una implantación y reconocimientos social muy importante en su entorno geográfico, todos ellos educan a un alumnado con necesidades específicas destacando las escuelas familiares agrarias (EFAs).