Cuarenta de las cien familias que venían viviendo en el Camping El Torcal del Nacimiento de la Villa de Antequera, piden al Ayuntamiento una solución provisional, mientras se soluciona la nueva gestión del recinto cuya concesionario ha anunciado que lo cierra este jueves 20 de febrero. 

Así lo han manifestado este viernes 14 de febrero en la Plaza Castilla, donde a través de los medios de comunicación piden su continuación y que el consistorio antequerano se haga cargo de la deuda que el propio camping arrastra que asciende a unos 100.000 euros, según afectados.

El pasado 1 de enero de 2020 la empresa concesionaria de la explotación del Camping El Torcal, cuyo terreno es propiedad del Ayuntamiento de Antequera, dejaba sin servicios básicos a los usuarios; con la suposición que se marcharían, aun cuando quedan por delante casi dos años de dicha concesión por el consistorio.

“Nos pusieron un cartel que decía que el día 13 de febrero se cerraba el camping; aunque nos han dado una semana más, hasta el día 20 de febrero. Han ido ya 14 veces a comunicárnoslo, pero nada oficial". Hay unas 60 familias que ya se han ido por miedo, "pero los que no tenemos vivienda estamos allí aguantando el tirón…".

Suponen que la quiebra se debe a una mala gestión de los gerentes. "Esta empresa dice ahora que no se puede hacer cargo de la deuda y que están en quiebra. Quieren cerrar el contrato un año y medio antes de lo previsto, ya que se cumple en 2022”, explica el portavoz de las familias, Antonio Podadera. 

"Pedimos el seguir allí y que el Ayuntamiento se haga cargo de la deuda y de la explotación del camping… Estamos sin agua y a punto de cortarnos la luz, ya han venido cuatro veces. Como quedamos allí unas 40 familias pedimos que si va a seguir adelante el camping se reubiquen a las personas en las parcelas que han quedado vacías y las zonas libres de aparcamiento y acampada se utilicen para este fin”, añade.  

Sobre la ilegalidad de estancia en el camping como vivienda estable, Antonio asegura: “Creo que son seis meses los que puedes estar. Tras ese tiempo puedes cambiar de nombre, familia… todos los campings hacen o mismo… No pedimos que nos dejen todo el año, sino seis meses y en ese período tengo tiempo de buscarme otro camping donde irme. Pero si empiezan una campaña nueva nosotros nos adaptamos, si quieren subir el precio que lo suban…”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Adelante Antequera, Francisco Matas ha mostrado su apoyo a los afectados y que señalado que “la responsabilidad de la deuda es del adjudicatario, pero también del Ayuntamiento que ha mirado para otro lado en la concesión administrativa porque si el Ayuntamiento hubiera estado vigilante en esta concesión la deuda no se hubiera generado, además ha permitido empadronamientos en ese camping".

"El Ayuntamiento es el responsable de lo que pasa en el camping. Estamos pidiendo que asuma la deuda, pero no que la paguemos todos, sino que se la pida al concesionario… No es la primera concesión administrativa que se tiene que rescindir… Creo que el Ayuntamiento tiene que asumir esa deuda, llegar a un acuerdo con los vecinos del tiempo en el que pueden estar para buscar una alternativa habitacional y después pedirle la deuda al concesionario. A partir de ahí, si el Ayuntamiento quiere sacar un nuevo pliego de concesiones administrativas para una explotación del camping que lo haga, pero que se le busque una situación digna a estas familias”, concluye Matas.

 

 

El alcalde de Antequera pide cautela y espera que la concesionaria deje el cámping y buscar la solución

En declaraciones realizadas sobre la situación, el alcalde de Antequera Manuel Barón, explica: “Como cualquier concesión administrativa en el momento que llega a su fin, los concesionarios tienen que revertir el bien para que otra vez pueda sacarse a concurso y un adjudicatario nuevo puedan hacerse cargo de la explotación, tanto del propio cámping como de las instalaciones anexas que hay como el restaurante, terraza y piscina".

"Se detectó que además de las caravanas se habían hecho determinadas actuaciones que no cumplen con la normativa urbanística y esas tienen que ser eliminadas, pero no ya por la concesión, sino porque no se puede construir ni hacer nada en contra de la normativa urbanística… Nosotros vamos a preservar los derechos de los campistas, pero no vamos a consentir que quebrante la legalidad urbanística… En las concesiones administrativas los responsables son los concesionarios, el Ayuntamiento en el momento que detecta alguna situación, actúa”. 

En cuanto los empadronamientos a familias en el camping, Barón asegura: “Esta ley no es clara, en algunas comunidades autónomas se puede hacer… el padrón es un ente vivo al día se pueden dar de alta, dar de baja y hacer cambios de domicilio entre 20 y 25 expedientes y eso es continuo. Ahora, tendremos que ver en esta situación en qué momento está. La policía municipal se encarga de manera cíclica. Si ellos determinan junto con los servicios de estadísticas no se cumplen los requisitos de empadronamiento establecidos en su día, se dará de baja en el padrón”. 

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